POBREZA Y DERECHOS HUMANOS
“Escuché decir al Ministro de Economía hay que ahorrar para el Futuro”
“Escuché decir al Ministro de Economía hay que ahorrar para el Futuro”
I. Introducción.
II. El Concepto de Pobreza
III. El Reconocimiento de Derechos Humanos y la Construcción de Capacidades IV. La Participación Política fuente decisoria para disipar las violaciones a los Derechos Humanos
V. Conclusiones.
I. INTRODUCCION
Una de las convicciones más importantes cuando se habla sobre la lucha contra la pobreza es la inmensa necesidad de tener las cosas claras en cuanto al sujeto del que se habla, es decir, los pobres: seres humanos con igual dignidad, pertenecientes a una misma sociedad, que merecen las mismas oportunidades que aquellos que no son pobres. En tal sentido, el objetivo de erradicar la pobreza se debe a que interesa la persona y no los efectos que dicha pobreza tenga sobre la paz, el ornato de la ciudad, la soberanía u otros muy legítimos fines que traen como consecuencia la existencia de dicho flagelo.
Es así que hay que tener en cuenta que la reducción de la pobreza no es el resultado automático de cualquier proceso económico o político; es fruto de la voluntad humana. También hay que señalar que la reducción de la pobreza no es querida por todos los miembros de la sociedad. Los que más la sufren, sienten la impotencia y la frustración de sus inmensos esfuerzos, frente a la insensibilidad de una sociedad que tiene sus miras puestas en otros intereses que no son los de quienes padecen carencias que es indispensable superar para tener una vida digna y verdaderamente humana.
Aún más, muchos de los pobres han sido manipulados y convencidos de que no poseen la misma dignidad ni los mismos derechos de los privilegiados de la sociedad. De ese modo su acción pierde fuerza y los sentimientos de resignación evitan una verdadera lucha contra el estigma de la pobreza.
Para muchos ciudadanos con cargos públicos y privados, que no asumen con seriedad la responsabilidad que tienen en asuntos de pobreza, el tema de su reducción es un objetivo secundario y poco urgente frente a intereses que actúan con mucha fuerza, en función de sus propios fines e intereses. Éste es, quién sabe, el punto más discrepante que acompañado de una profunda incomunicación, se refuerza con razones culturales, sociales y económicas. Es la manera más efectiva para no encontrar los cauces verdaderamente constructivos que ayuden a resolver el problema.
En tal sentido, debemos tener en cuenta para el desarrollo de la temática propuesta unas declaraciones vertidas por el ex ministro de economía Luis Carranza dadas a una periodista cuando se le preguntaba a que se debe la inflación por la que viene atravesando el país y que hacía el gobierno por combatir la pobreza, respondía: “La inflación no se debe a un mal manejo económico de las riquezas del país sino más bien a la política e inflación internacional, además se combate la pobreza dentro de los límites que posee el estado, además es política del gobierno ahorrar para el futuro, no sabemos que necesidades no puede aquejar más adelante”.
Ante ello me surgió una preocupación, y me preguntaba cómo es posible que en un país tercer mundista como el nuestro se puede hablar de ahorro cuando en las calles y pueblos alejados a las ciudades existen personas que no tienen nada que llevar a la boca para alimentarse, no tienen vestido y mucho menos cuentan con una vivienda digna o por lo menos un lugar donde guarecerse. Y me preguntaba si esa es una política correcta para combatir la pobreza en el país; y si esa política era la más adecuada que necesitan los pobladores que viven en tales condiciones. A propósito de ello me preguntaba si dicha política violaba los derechos humanos, si el no tratar de satisfacer las necesidades de los pobladores de un país en extrema pobreza como el nuestro no atentaba contra derechos tan elementales.
Es por ello, que en las líneas siguientes pretendemos dar un alcance sino por menorizado de la situación que nos planteamos anteriormente uno generalizado que permita enfocar de manera general cómo es que la pobreza y su no preocupación por parte del gobierno por erradicar dicho flagelo trasgreden o violan los derechos humanos, por lo que abordamos la temática de la pobreza, el reconocimiento de los derechos y la construcción de capacidades, a la vez que nos planteamos como el Estado está obligado a evitar la violación de derechos tan elementales de los seres humanos como los que hemos planteado.
III. EL CONCEPTO DE POBREZA
La mesa de concertación de lucha contra pobreza, en su VI Encuentro Nacional (2003), definió la pobreza como una situación injusta que produce la exclusión de las oportunidades para desempeñarse en la vida de acuerdo a las potencialidades humanas, a la vocación de las personas y, en general, la exclusión de maneras de vivir, consideradas valiosas por la sociedad y por los individuos.
Los aspectos básicos en los que se expresa la pobreza son los siguientes:
Ingresos familiares bajo la línea de pobreza y precarios que no permiten acceder, con regularidad, a bienes y servicios básicos.
Malas condiciones básicas de vida que exponen a las personas a la desnutrición, a diversas discapacidades, a la inseguridad afectiva, afectando su autoestima y desarrollo personal.
Reducidas oportunidades para desempeñarse adecuadamente debido a: discriminaciones (de género, regionales, étnicas, generacionales), inseguridad, situaciones de violencia y otras.
Exclusión de la participación, individual y colectiva, en las deliberaciones, elaboración de planes, presupuestos, reformas institucionales, etc.
La incidencia de estos factores en la restricción de capacidades en las personas, puede variar según múltiples circunstancias. El objetivo de la superación de la pobreza consiste en erradicar esas restricciones y promover el pleno desarrollo de capacidades y ejercicio de la libertad.
En tal sentido debemos tener en cuenta lo sostenido por Mariano Aguirre[1], quien afirma que la pobreza no es un problema individual o familiar ni está relacionada con peculiaridades culturales de determinados países. Es una consecuencia de estructuras y procesos económicos, de formas de distribución de ingreso, de la mayor o menor cantidad de servicios que ofrece el Estado, de la cantidad de empleo que se crea, de la relación entre la población y el medio ambiente, y del grado de estabilidad y paz o inestabilidad y conflicto armado que existe. Hay un vínculo entre pobreza y conflicto, pero es la injusticia la causa principal de los conflictos. Las estructuras sociales, económicas y políticas que mantienen el dominio de un grupo sobre otro, negándoles los derechos económicos, sociales y políticos más básicos, ejercen “violencia estructural”. Esta situación crea un terreno fértil para la violencia y la violación de los derechos.
En dicho orden de ideas, debemos comentar que el país afronta serios problemas en lo relacionado a la lucha contra la pobreza, situación que como lo hemos sostenido vulnera los derechos económicos, sociales y culturales de gran parte de la población[2], concentrada en las zonas rurales, andinas y amazónicas, así como en las zonas postconflicto; es por ello que es nuestra preocupación pretender dilucidar si ante tal situación y al papel indiferente que cumple el Estado por evitar que exista tal flagelo y de ese modo se vulnere los Derechos Humanos tan elementales, es posible que permanezcamos inertes y no hagamos respetar nuestros derechos que son de primer orden y seguir permitiendo que el gobierno siga aplicando políticas trasgresoras de tales derechos, como la mostrada y expuesta por el ex ministro de economía y que se sigue aplicando hasta la fecha (como es la de ahorrar para el futuro).
III. EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES
El enfoque de los derechos humanos, considera a la persona como un fin, por lo que estos derechos son en realidad, las condiciones de la vida social sin las cuales no puede ningún hombre perfeccionarse y afirmar su propia personalidad[3], de allí que es sujeto de derechos.
Los derechos de las personas nos hacen recordar que las personas somos fines y no instrumentos. En tal sentido, como lo sostiene Karel Vasak[4], el concepto de Derechos Humanos entra en el marco del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional, el propósito de los cuáles es defender por medios institucionalizados los derechos de las personas contra aquellos abusos del poder cometidos por los órganos del estado, y al propio tiempo promover el establecimiento multidimensional del ser humano. Siendo así nuestra Constitución Política no apartándose de tales postulados en su artículo 1°, reconoce a la persona humana y su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado, para luego en un conjunto de artículos siguientes precisa sus derechos y responsabilidades fundamentales.
De ello podemos sostener que este enfoque supone considerar al pobre como ciudadano. Supone reconocer que la pobreza vulnera derechos y que el cumplimiento y el ejercicio de esos derechos por todos los peruanos y peruanas, es un objetivo primordial de las políticas públicas[5]. Los derechos no son negociables en el mercado, según la dinámica de la oferta y la demanda, ni se deben a las características étnicas o sociales de las personas.
A su vez, la pobreza significa pérdida de capacidades, de allí que para superarla, más que políticas de alivio, se requiere implementar políticas habilitadoras y ampliadoras de oportunidades (que rompan barreras y restricciones y creen condiciones favorables), para que las personas y familias enfrenten su propio desarrollo.
No debemos dejar de lado que el derecho al desarrollo no es sólo un derecho fundamental, sino también una necesidad esencial del ser humano, que responde a las aspiraciones de los individuos y de los pueblos a asegurarse en mayor grado la libertad y la dignidad. El goce de todos los derechos constituye a la vez la condición y la finalidad del derecho al desarrollo. Esa relación quedó reflejada en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, que proclama que "la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan entre sí.
Por una parte, hace más de 50 años la Carta de las Naciones Unidas reconoció la vinculación entre el desarrollo social y la justicia social como elementos indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en el interior y entre las naciones.
Por otra, la Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social, fruto de la Cumbre celebrada en 1995, subrayó que el desarrollo económico y social, así como la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo humano sostenible y que las personas pobres deben tener el poder necesario para utilizar de modo sostenible los recursos ambientales para satisfacer sus necesidades más inmediatas y evitar el sufrimiento humano.
Pese a la existencia de abundantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, la realidad de los hechos exige un análisis de los problemas actuales que impiden su plena realización y la consecución de un mundo en paz. Según la opinión generalizada de muchos analistas internacionales, "la paz no es la simple ausencia de guerra". La paz, en su concepción positiva, implica la construcción de la justicia en las relaciones entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad de todos los pueblos y culturas. También es sinónimo de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de la libre determinación de los pueblos, de bienestar y desarrollo, no sólo económico o social, sino esencialmente humano. El reconocimiento del desarrollo como un derecho de las personas y de los pueblos tiene implicaciones políticas y económicas profundas.
Si bien la paz entraña un proceso progresivo de justicia y de respeto mutuo entre los pueblos, destinado a garantizar la construcción de una sociedad internacional en la que cada cual pueda gozar de los recursos que le corresponden, como se recoge en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la negación de tales derechos engendra inevitablemente violencia. Ésta se manifiesta, bien a través de convulsiones sociales y enfrentamientos armados o a través de la persistencia de graves conflictos estructurales. Por ello, el respeto de los derechos humanos resulta esencial para una paz enraizada en el progreso y el desarrollo social y económico.
IV. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA FUENTE DECISORIA PARA DISIPAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
La participación social en las decisiones que afectan a la sociedad y, sobre todo, a las propias personas en pobreza, es parte constitutiva y no solo instrumento del desarrollo. Es medio y es fin.
En un país diverso y fuertemente fragmentado como el Perú, con altos niveles de desigualdad y de pobreza, se plantea como indispensable, el desarrollo de espacios y procesos de concertación en la definición de las políticas públicas, con la participación de las propias poblaciones en situación de pobreza. “La concertación como instrumento, también sirve para construir la democracia, sirve para idear las formas de convivencia social, aceptadas consensualmente y también es como una escuela de formación ciudadana y de liderazgos socialmente compartidos; sirve para construir el poder democrático, de manera legítima en concordancia con el desarrollo de la ciudadanía”.
En la construcción de la institucionalidad democrática es necesario combinar las formas de la democracia representativa con formas y mecanismos de democracia participativa. Actualmente el Estado y la política no son los únicos campos en los que se toman decisiones públicas importantes, hay un peso muy grande de los actores económicos y, a su manera, de muchos actores sociales. Por eso no habrá avances hacia la democracia real, si dejamos sola a la democracia electoral y representativa. Es necesario organizar las instituciones públicas y el Estado, de modo que la gente esté asociada cotidianamente a su funcionamiento. Hay que vigilar, hay que contribuir, hay que evaluar periódicamente. Ello requiere organización, capacitación técnica, legislación especial, pero sobre todo, compromiso entre el ciudadano común y las autoridades.
Si entendemos la pobreza, no sólo como pobreza económica y ponemos el eje en la restricción de la libertad y de capacidades básicas para desempeñarse en la sociedad, estamos asumiendo su carácter multidimensional. La pobreza implica aspectos económicos (como los déficits de ingresos o empleo), aspectos de servicios sociales básicos (como educación, salud, saneamiento o vivienda), aspectos culturales y subjetivos (como la discriminación, la autoestima) y aspectos políticos (como la exclusión en la toma de decisiones).
Este carácter multidimensional de la pobreza exige un enfoque de integralidad en el desarrollo de las políticas y estrategias para enfrentarla, que articule adecuadamente la política económica y las políticas sociales, pero también, estrategias culturales y la construcción de una institucionalidad política, consistente con la lucha contra la pobreza, que promueva efectivamente la participación de los sectores excluidos. En definitiva, se requiere una articulación de políticas e intervenciones, desde diversos campos, que promuevan el desarrollo humano integral.
Un informe anual de UNICEF, El Progreso de las Naciones, proclama: "llegará un día en que el progreso de las naciones no se medirá por su poder militar o económico, ni por el esplendor de su capital y sus edificios públicos, sino por el bienestar de sus pueblos: por sus niveles de salud, nutrición y educación; por sus oportunidades de obtener una remuneración digna a cambio de su trabajo; por su capacidad de participación en las decisiones que afectan a su vida; por el respeto de sus libertades civiles y políticas; por la atención dispensada a los más vulnerables y desfavorecidos; y por la protección ofrecida al desarrollo físico y metal de sus niños y niñas".
Como podemos apreciar, estas palabras revelan el espíritu y anhelo de toda la humanidad y puede representar una síntesis del ideal contenido en los instrumentos de derechos humanos. Estos derechos a lo largo de la historia se han ido revalorizando, constituyendo la salvaguardia de un futuro digno para miles de millones de seres humanos.
En un mundo convulsionado por los conflictos armados y estructurales, estos derechos, ejercidos y respetados, encarnados en bienestar y desarrollo humano deberían ser la mejor herencia para las generaciones venideras y no pretender aplicar políticas económicas como las que viene aplicando el actual gobierno en el país (del supuesto ahorro para el futuro) cuando las necesidades tangibles por las que atraviesa la población son presentes y no futuras; y , por ende el Estado debe combatir el flagelo de la pobreza con suma urgencia y destinando todos sus recursos sin mediar restricciones algunas.
V. CONCLUSIONES
Al propósito creemos que el Estado al no aplicar políticas de lucha extrema en contra de la pobreza, dicho comportamiento a nuestro parecer es en sí mismo una violación de numerosos derechos humanos básicos.
La falta de desarrollo, la pobreza estructural, la desigualdad socioeconómica, la discriminación de género, la degradación medioambiental, la globalización de la economía y la persistencia de regímenes totalitarios constituyen algunos de los factores de riesgo para el estallido de conflictos armados y la consiguiente violación de los derechos humanos de la población.
El respeto de las convenciones internacionales que protegen los derechos fundamentales es el paso previo para asegurar una vida digna a todos los seres humanos y un Estado del bienestar donde el disfrute de los derechos básicos de las personas sea una realidad, más allá de las meras declaraciones efectuadas desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En tal sentido, el gobierno debe fijar mayor preponderancia al diseño y aplicación de medidas de redistribución económica y políticas públicas concertadas para la lucha contra la pobreza y pobreza extrema, en especial, en el sector rural. Por lo que creemos que debe darse urgentemente la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, a nivel nacional, regional y local.
Siendo así, el Estado debe asegurar un abordaje integral a los problemas de la población por el que se articule los objetivos económicos a los objetivos sociales. Garantizando una participación de la sociedad en las decisiones del diseño de la estrategia en sus niveles nacionales, regionales y locales.
De igual modo creemos que el Estado debe garantizar el acceso universal a servicios básicos de salud, educación de calidad y condiciones para un empleo digno, y no proponerse políticas de ahorro para el futuro cuando ese futuro es hoy.
Por último creemos que el gobierno debe priorizar una actitud preventiva para evitar la pérdida de capacidades humanas, en particular, protegiendo del daño a la primera infancia, asegurando el mantenimiento de los activos comunales.
I. INTRODUCCION
Una de las convicciones más importantes cuando se habla sobre la lucha contra la pobreza es la inmensa necesidad de tener las cosas claras en cuanto al sujeto del que se habla, es decir, los pobres: seres humanos con igual dignidad, pertenecientes a una misma sociedad, que merecen las mismas oportunidades que aquellos que no son pobres. En tal sentido, el objetivo de erradicar la pobreza se debe a que interesa la persona y no los efectos que dicha pobreza tenga sobre la paz, el ornato de la ciudad, la soberanía u otros muy legítimos fines que traen como consecuencia la existencia de dicho flagelo.
Es así que hay que tener en cuenta que la reducción de la pobreza no es el resultado automático de cualquier proceso económico o político; es fruto de la voluntad humana. También hay que señalar que la reducción de la pobreza no es querida por todos los miembros de la sociedad. Los que más la sufren, sienten la impotencia y la frustración de sus inmensos esfuerzos, frente a la insensibilidad de una sociedad que tiene sus miras puestas en otros intereses que no son los de quienes padecen carencias que es indispensable superar para tener una vida digna y verdaderamente humana.
Aún más, muchos de los pobres han sido manipulados y convencidos de que no poseen la misma dignidad ni los mismos derechos de los privilegiados de la sociedad. De ese modo su acción pierde fuerza y los sentimientos de resignación evitan una verdadera lucha contra el estigma de la pobreza.
Para muchos ciudadanos con cargos públicos y privados, que no asumen con seriedad la responsabilidad que tienen en asuntos de pobreza, el tema de su reducción es un objetivo secundario y poco urgente frente a intereses que actúan con mucha fuerza, en función de sus propios fines e intereses. Éste es, quién sabe, el punto más discrepante que acompañado de una profunda incomunicación, se refuerza con razones culturales, sociales y económicas. Es la manera más efectiva para no encontrar los cauces verdaderamente constructivos que ayuden a resolver el problema.
En tal sentido, debemos tener en cuenta para el desarrollo de la temática propuesta unas declaraciones vertidas por el ex ministro de economía Luis Carranza dadas a una periodista cuando se le preguntaba a que se debe la inflación por la que viene atravesando el país y que hacía el gobierno por combatir la pobreza, respondía: “La inflación no se debe a un mal manejo económico de las riquezas del país sino más bien a la política e inflación internacional, además se combate la pobreza dentro de los límites que posee el estado, además es política del gobierno ahorrar para el futuro, no sabemos que necesidades no puede aquejar más adelante”.
Ante ello me surgió una preocupación, y me preguntaba cómo es posible que en un país tercer mundista como el nuestro se puede hablar de ahorro cuando en las calles y pueblos alejados a las ciudades existen personas que no tienen nada que llevar a la boca para alimentarse, no tienen vestido y mucho menos cuentan con una vivienda digna o por lo menos un lugar donde guarecerse. Y me preguntaba si esa es una política correcta para combatir la pobreza en el país; y si esa política era la más adecuada que necesitan los pobladores que viven en tales condiciones. A propósito de ello me preguntaba si dicha política violaba los derechos humanos, si el no tratar de satisfacer las necesidades de los pobladores de un país en extrema pobreza como el nuestro no atentaba contra derechos tan elementales.
Es por ello, que en las líneas siguientes pretendemos dar un alcance sino por menorizado de la situación que nos planteamos anteriormente uno generalizado que permita enfocar de manera general cómo es que la pobreza y su no preocupación por parte del gobierno por erradicar dicho flagelo trasgreden o violan los derechos humanos, por lo que abordamos la temática de la pobreza, el reconocimiento de los derechos y la construcción de capacidades, a la vez que nos planteamos como el Estado está obligado a evitar la violación de derechos tan elementales de los seres humanos como los que hemos planteado.
III. EL CONCEPTO DE POBREZA
La mesa de concertación de lucha contra pobreza, en su VI Encuentro Nacional (2003), definió la pobreza como una situación injusta que produce la exclusión de las oportunidades para desempeñarse en la vida de acuerdo a las potencialidades humanas, a la vocación de las personas y, en general, la exclusión de maneras de vivir, consideradas valiosas por la sociedad y por los individuos.
Los aspectos básicos en los que se expresa la pobreza son los siguientes:
Ingresos familiares bajo la línea de pobreza y precarios que no permiten acceder, con regularidad, a bienes y servicios básicos.
Malas condiciones básicas de vida que exponen a las personas a la desnutrición, a diversas discapacidades, a la inseguridad afectiva, afectando su autoestima y desarrollo personal.
Reducidas oportunidades para desempeñarse adecuadamente debido a: discriminaciones (de género, regionales, étnicas, generacionales), inseguridad, situaciones de violencia y otras.
Exclusión de la participación, individual y colectiva, en las deliberaciones, elaboración de planes, presupuestos, reformas institucionales, etc.
La incidencia de estos factores en la restricción de capacidades en las personas, puede variar según múltiples circunstancias. El objetivo de la superación de la pobreza consiste en erradicar esas restricciones y promover el pleno desarrollo de capacidades y ejercicio de la libertad.
En tal sentido debemos tener en cuenta lo sostenido por Mariano Aguirre[1], quien afirma que la pobreza no es un problema individual o familiar ni está relacionada con peculiaridades culturales de determinados países. Es una consecuencia de estructuras y procesos económicos, de formas de distribución de ingreso, de la mayor o menor cantidad de servicios que ofrece el Estado, de la cantidad de empleo que se crea, de la relación entre la población y el medio ambiente, y del grado de estabilidad y paz o inestabilidad y conflicto armado que existe. Hay un vínculo entre pobreza y conflicto, pero es la injusticia la causa principal de los conflictos. Las estructuras sociales, económicas y políticas que mantienen el dominio de un grupo sobre otro, negándoles los derechos económicos, sociales y políticos más básicos, ejercen “violencia estructural”. Esta situación crea un terreno fértil para la violencia y la violación de los derechos.
En dicho orden de ideas, debemos comentar que el país afronta serios problemas en lo relacionado a la lucha contra la pobreza, situación que como lo hemos sostenido vulnera los derechos económicos, sociales y culturales de gran parte de la población[2], concentrada en las zonas rurales, andinas y amazónicas, así como en las zonas postconflicto; es por ello que es nuestra preocupación pretender dilucidar si ante tal situación y al papel indiferente que cumple el Estado por evitar que exista tal flagelo y de ese modo se vulnere los Derechos Humanos tan elementales, es posible que permanezcamos inertes y no hagamos respetar nuestros derechos que son de primer orden y seguir permitiendo que el gobierno siga aplicando políticas trasgresoras de tales derechos, como la mostrada y expuesta por el ex ministro de economía y que se sigue aplicando hasta la fecha (como es la de ahorrar para el futuro).
III. EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES
El enfoque de los derechos humanos, considera a la persona como un fin, por lo que estos derechos son en realidad, las condiciones de la vida social sin las cuales no puede ningún hombre perfeccionarse y afirmar su propia personalidad[3], de allí que es sujeto de derechos.
Los derechos de las personas nos hacen recordar que las personas somos fines y no instrumentos. En tal sentido, como lo sostiene Karel Vasak[4], el concepto de Derechos Humanos entra en el marco del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional, el propósito de los cuáles es defender por medios institucionalizados los derechos de las personas contra aquellos abusos del poder cometidos por los órganos del estado, y al propio tiempo promover el establecimiento multidimensional del ser humano. Siendo así nuestra Constitución Política no apartándose de tales postulados en su artículo 1°, reconoce a la persona humana y su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado, para luego en un conjunto de artículos siguientes precisa sus derechos y responsabilidades fundamentales.
De ello podemos sostener que este enfoque supone considerar al pobre como ciudadano. Supone reconocer que la pobreza vulnera derechos y que el cumplimiento y el ejercicio de esos derechos por todos los peruanos y peruanas, es un objetivo primordial de las políticas públicas[5]. Los derechos no son negociables en el mercado, según la dinámica de la oferta y la demanda, ni se deben a las características étnicas o sociales de las personas.
A su vez, la pobreza significa pérdida de capacidades, de allí que para superarla, más que políticas de alivio, se requiere implementar políticas habilitadoras y ampliadoras de oportunidades (que rompan barreras y restricciones y creen condiciones favorables), para que las personas y familias enfrenten su propio desarrollo.
No debemos dejar de lado que el derecho al desarrollo no es sólo un derecho fundamental, sino también una necesidad esencial del ser humano, que responde a las aspiraciones de los individuos y de los pueblos a asegurarse en mayor grado la libertad y la dignidad. El goce de todos los derechos constituye a la vez la condición y la finalidad del derecho al desarrollo. Esa relación quedó reflejada en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, que proclama que "la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan entre sí.
Por una parte, hace más de 50 años la Carta de las Naciones Unidas reconoció la vinculación entre el desarrollo social y la justicia social como elementos indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en el interior y entre las naciones.
Por otra, la Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social, fruto de la Cumbre celebrada en 1995, subrayó que el desarrollo económico y social, así como la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo humano sostenible y que las personas pobres deben tener el poder necesario para utilizar de modo sostenible los recursos ambientales para satisfacer sus necesidades más inmediatas y evitar el sufrimiento humano.
Pese a la existencia de abundantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, la realidad de los hechos exige un análisis de los problemas actuales que impiden su plena realización y la consecución de un mundo en paz. Según la opinión generalizada de muchos analistas internacionales, "la paz no es la simple ausencia de guerra". La paz, en su concepción positiva, implica la construcción de la justicia en las relaciones entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad de todos los pueblos y culturas. También es sinónimo de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de la libre determinación de los pueblos, de bienestar y desarrollo, no sólo económico o social, sino esencialmente humano. El reconocimiento del desarrollo como un derecho de las personas y de los pueblos tiene implicaciones políticas y económicas profundas.
Si bien la paz entraña un proceso progresivo de justicia y de respeto mutuo entre los pueblos, destinado a garantizar la construcción de una sociedad internacional en la que cada cual pueda gozar de los recursos que le corresponden, como se recoge en el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la negación de tales derechos engendra inevitablemente violencia. Ésta se manifiesta, bien a través de convulsiones sociales y enfrentamientos armados o a través de la persistencia de graves conflictos estructurales. Por ello, el respeto de los derechos humanos resulta esencial para una paz enraizada en el progreso y el desarrollo social y económico.
IV. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA FUENTE DECISORIA PARA DISIPAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
La participación social en las decisiones que afectan a la sociedad y, sobre todo, a las propias personas en pobreza, es parte constitutiva y no solo instrumento del desarrollo. Es medio y es fin.
En un país diverso y fuertemente fragmentado como el Perú, con altos niveles de desigualdad y de pobreza, se plantea como indispensable, el desarrollo de espacios y procesos de concertación en la definición de las políticas públicas, con la participación de las propias poblaciones en situación de pobreza. “La concertación como instrumento, también sirve para construir la democracia, sirve para idear las formas de convivencia social, aceptadas consensualmente y también es como una escuela de formación ciudadana y de liderazgos socialmente compartidos; sirve para construir el poder democrático, de manera legítima en concordancia con el desarrollo de la ciudadanía”.
En la construcción de la institucionalidad democrática es necesario combinar las formas de la democracia representativa con formas y mecanismos de democracia participativa. Actualmente el Estado y la política no son los únicos campos en los que se toman decisiones públicas importantes, hay un peso muy grande de los actores económicos y, a su manera, de muchos actores sociales. Por eso no habrá avances hacia la democracia real, si dejamos sola a la democracia electoral y representativa. Es necesario organizar las instituciones públicas y el Estado, de modo que la gente esté asociada cotidianamente a su funcionamiento. Hay que vigilar, hay que contribuir, hay que evaluar periódicamente. Ello requiere organización, capacitación técnica, legislación especial, pero sobre todo, compromiso entre el ciudadano común y las autoridades.
Si entendemos la pobreza, no sólo como pobreza económica y ponemos el eje en la restricción de la libertad y de capacidades básicas para desempeñarse en la sociedad, estamos asumiendo su carácter multidimensional. La pobreza implica aspectos económicos (como los déficits de ingresos o empleo), aspectos de servicios sociales básicos (como educación, salud, saneamiento o vivienda), aspectos culturales y subjetivos (como la discriminación, la autoestima) y aspectos políticos (como la exclusión en la toma de decisiones).
Este carácter multidimensional de la pobreza exige un enfoque de integralidad en el desarrollo de las políticas y estrategias para enfrentarla, que articule adecuadamente la política económica y las políticas sociales, pero también, estrategias culturales y la construcción de una institucionalidad política, consistente con la lucha contra la pobreza, que promueva efectivamente la participación de los sectores excluidos. En definitiva, se requiere una articulación de políticas e intervenciones, desde diversos campos, que promuevan el desarrollo humano integral.
Un informe anual de UNICEF, El Progreso de las Naciones, proclama: "llegará un día en que el progreso de las naciones no se medirá por su poder militar o económico, ni por el esplendor de su capital y sus edificios públicos, sino por el bienestar de sus pueblos: por sus niveles de salud, nutrición y educación; por sus oportunidades de obtener una remuneración digna a cambio de su trabajo; por su capacidad de participación en las decisiones que afectan a su vida; por el respeto de sus libertades civiles y políticas; por la atención dispensada a los más vulnerables y desfavorecidos; y por la protección ofrecida al desarrollo físico y metal de sus niños y niñas".
Como podemos apreciar, estas palabras revelan el espíritu y anhelo de toda la humanidad y puede representar una síntesis del ideal contenido en los instrumentos de derechos humanos. Estos derechos a lo largo de la historia se han ido revalorizando, constituyendo la salvaguardia de un futuro digno para miles de millones de seres humanos.
En un mundo convulsionado por los conflictos armados y estructurales, estos derechos, ejercidos y respetados, encarnados en bienestar y desarrollo humano deberían ser la mejor herencia para las generaciones venideras y no pretender aplicar políticas económicas como las que viene aplicando el actual gobierno en el país (del supuesto ahorro para el futuro) cuando las necesidades tangibles por las que atraviesa la población son presentes y no futuras; y , por ende el Estado debe combatir el flagelo de la pobreza con suma urgencia y destinando todos sus recursos sin mediar restricciones algunas.
V. CONCLUSIONES
Al propósito creemos que el Estado al no aplicar políticas de lucha extrema en contra de la pobreza, dicho comportamiento a nuestro parecer es en sí mismo una violación de numerosos derechos humanos básicos.
La falta de desarrollo, la pobreza estructural, la desigualdad socioeconómica, la discriminación de género, la degradación medioambiental, la globalización de la economía y la persistencia de regímenes totalitarios constituyen algunos de los factores de riesgo para el estallido de conflictos armados y la consiguiente violación de los derechos humanos de la población.
El respeto de las convenciones internacionales que protegen los derechos fundamentales es el paso previo para asegurar una vida digna a todos los seres humanos y un Estado del bienestar donde el disfrute de los derechos básicos de las personas sea una realidad, más allá de las meras declaraciones efectuadas desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En tal sentido, el gobierno debe fijar mayor preponderancia al diseño y aplicación de medidas de redistribución económica y políticas públicas concertadas para la lucha contra la pobreza y pobreza extrema, en especial, en el sector rural. Por lo que creemos que debe darse urgentemente la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, a nivel nacional, regional y local.
Siendo así, el Estado debe asegurar un abordaje integral a los problemas de la población por el que se articule los objetivos económicos a los objetivos sociales. Garantizando una participación de la sociedad en las decisiones del diseño de la estrategia en sus niveles nacionales, regionales y locales.
De igual modo creemos que el Estado debe garantizar el acceso universal a servicios básicos de salud, educación de calidad y condiciones para un empleo digno, y no proponerse políticas de ahorro para el futuro cuando ese futuro es hoy.
Por último creemos que el gobierno debe priorizar una actitud preventiva para evitar la pérdida de capacidades humanas, en particular, protegiendo del daño a la primera infancia, asegurando el mantenimiento de los activos comunales.
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[1] AGUIRRE, M. “Los días del futuro”. Icaria-Antrazyt, Barcelona, 1995, p.84.
[2] Según el informe de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto nacional de Estadística e Informática del 2006, el 69.3% de los ciudadanos rurales se encuentran en situación de pobreza, y un 37.1% en situación de pobreza extrema La disminución total de la pobreza en el sector rural en los periodos 2005-2006 fue de sólo 0.5%, mientras que la disminución de la pobreza extrema fue de sólo 0.8%. Fuente: informe Técnico de la ENAHO 2006. Instituto Nacional de Estadística.
[3] LASKI, citado por PINTO BAZURCO, Ernesto. “Derecho Internacional. Política Exterior y Diplomacia”. Universidad de Lima, 1995, p.214.
[4] VASAK, Karel. “Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos”. Volumen I, Ediciones Comisión Andina de Juristas. Lima, 1990, p. 37.
[2] Según el informe de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto nacional de Estadística e Informática del 2006, el 69.3% de los ciudadanos rurales se encuentran en situación de pobreza, y un 37.1% en situación de pobreza extrema La disminución total de la pobreza en el sector rural en los periodos 2005-2006 fue de sólo 0.5%, mientras que la disminución de la pobreza extrema fue de sólo 0.8%. Fuente: informe Técnico de la ENAHO 2006. Instituto Nacional de Estadística.
[3] LASKI, citado por PINTO BAZURCO, Ernesto. “Derecho Internacional. Política Exterior y Diplomacia”. Universidad de Lima, 1995, p.214.
[4] VASAK, Karel. “Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos”. Volumen I, Ediciones Comisión Andina de Juristas. Lima, 1990, p. 37.
[5] Para ello debe tenerse en cuente que el respeto de las convenciones internacionales que protegen los derechos fundamentales es el paso previo para asegurar una vida digna a todos los seres humanos y un Estado del bienestar donde el disfrute de los derechos básicos de las personas sea una realidad, más allá de las meras declaraciones efectuadas desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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